Justicia anula investigación por 43 desaparecidos

Un tribunal de apelaciones anuló la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, por no haber sido "pronta, efectiva, independiente ni imparcial" y ordenó crear una Comisión de la Verdad.

El inédito veredicto de la justicia puso en duda la credibilidad de la fiscalía y su capacidad para esclarecer uno de los más escandalosos casos enmarcados en la crisis de violencia y de abusos que sacude al país desde hace 11 años.

La comisión deberá ser instalada en un plazo de 10 días para arrojar luz sobre lo que sucedió en la denominada "Noche de Iguala" del 26 de septiembre de 2014.

En esa fecha y esa ciudad, ubicada en el estado sureño de Guerrero, 43 jóvenes fueron atacados y secuestrados por policías locales que viajaban a bordo de varios autobuses, y luego se perdió todo rastro de ellos.

El fallo señala que este grupo investigador debe estar integrado por representantes de las víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del ministerio Público, pero sólo los dos primeros podrían decidir las líneas de investigación y las pruebas que deben desahogarse.

El tribunal de casación dio "vía libre" a los miembros de la Comisión de la Verdad para "ingresar a los cuarteles militares con el fin de indagar el paradero de los jóvenes", por considerar que la PGR no dio seguimiento a las hipótesis que involucraban a elementos del Ejército y de la Policía Federal en el caso.

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se habían apoderado de cuatro buses que planeaban usar supuestamente para viajar a la Ciudad de México a unirse a las manifestaciones destinadas a recordar un aniversario más de la Matanza de Tlatelolco, donde decenas de estudiantes murieron por disparos del Ejército en una plaza pública el 2 de octubre de 1968.

Sin embargo, por una razón que todavía no está muy clara, fueron frenados al llegar a Iguala para pedir contribuciones monetarias de la gente.

La tesis oficial es que los estudiantes fueron secuestrados por los policías por órdenes de la banda criminal Guerreros Unidos, que suponía que habían sido infiltrados por la organización denominada "Los Rojos", con los que mantenía una rivalidad a muerte.

La "verdad histórica" plasmada en el informe final de la Procuraduría General sobre el caso, por el cual fueron detenidos más de 100 personas, señala que los jóvenes fueron trasladados al vecino municipio de Cocula, donde fueron asesinados y luego sus cuerpos incinerados junto a un vertedero.

Pero hay hipótesis de que no sólo era el antagonismo entre dos bandas el que motivó este caso sino también se conjetura que uno de los buses llevaba un cargamento de armas, dinero o droga propiedad de una de las dos bandas.

Entre los detenidos por el caso, que afectó seriamente la imagen del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por su incapacidad para aclararlo, figura el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Angeles Pineda, a quienes se acusa de estar al servicio de Guerreros Unidos.

La PGR reaccionó de inmediato a esta resolución y acusó a los magistrados del tribunal de desconocer "la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y ejercicio de la acción penal del ministerio público". La fiscalía "no comparte el criterio de los magistrados", afirmó la procuraduría, al indicar que estudia los pasos a seguir, pero se prevé que interponga un recurso para combatir esta decisión, que podría ser dirimida en la Suprema Corte.

El tribunal ordenó que en caso de que se elabore un nuevo dictamen, debe ser llevado a cabo por forenses independientes como los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigaron el tema o el Equipo Argentino de Antropología Forense que también participó en los peritajes.
 
El nuevo estudio debe contar con el respaldo de los familiares de los estudiantes y con "profundidad y alto rigor científico para alcanzar el estándar necesario que le permita adquirir valor probatorio", determinó el tribunal.
  
El fallo marca el fin de la Fiscalía Especial a cargo de investigar el paradero de los estudiantes.

Ansa 
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